El nuevo Real Decreto-ley 7/2026, aprobado en respuesta a la crisis en Oriente Medio, introduce un amplio paquete de medidas económicas, energéticas y fiscales que afectan de forma directa a las empresas del sector del mueble y la madera. La norma, ya en vigor desde el 22 de marzo, busca contener el impacto de la crisis energética y reforzar la resiliencia empresarial.
Energía: alivio en costes y mayor flexibilidad
Uno de los ejes clave del plan es la reducción de la presión energética sobre la industria. Las empresas podrán modificar sus contratos de electricidad y gas sin las limitaciones habituales hasta finales de 2026, lo que permitirá ajustar potencias o consumos a la actividad real.
Además, se reactiva el apoyo a la industria electrointensiva, con una reducción del 80% en los peajes eléctricos. Aunque el sector del mueble no siempre se clasifica como tal, muchas empresas con procesos intensivos en maquinaria podrían beneficiarse indirectamente.
También destacan las medidas para impulsar las energías renovables, con la creación de zonas de aceleración y una tramitación más ágil de proyectos. Esto abre la puerta a inversiones en autoconsumo, especialmente relevantes para fábricas con altos consumos energéticos.
Fiscalidad: incentivos y reducción de cargas
El paquete fiscal incluye medidas temporales que afectan tanto a empresas como a consumidores. Se mantiene la libertad de amortización para inversiones en energías renovables, autoconsumo y vehículos eléctricos, lo que puede favorecer la modernización de flotas y procesos logísticos.
Asimismo, se reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% y se aplica un IVA reducido del 10% a determinados productos energéticos, lo que podría contribuir a contener los costes operativos.
En paralelo, se amplían las deducciones por eficiencia energética, lo que puede incentivar la rehabilitación de instalaciones industriales o comerciales vinculadas al sector.
Apoyo empresarial y liquidez
El decreto también contempla medidas de apoyo financiero y contable. Destaca la suspensión de la causa de disolución por pérdidas, que permitirá a muchas empresas evitar situaciones legales críticas derivadas de los ejercicios anteriores. Además, se habilita la posibilidad de reformular cuentas anuales, lo que aporta flexibilidad contable en un contexto de incertidumbre.
En materia de internacionalización, se prevén compensaciones para empresas afectadas por la cancelación de ferias o misiones comerciales, una herramienta clave para un sector con fuerte vocación exportadora.
Transporte y cadena de suministro
El coste logístico, especialmente sensible para el sector del mueble, también recibe atención. Se establecen ayudas directas al consumo de gasóleo profesional y subvenciones para transportistas, lo que podría contribuir a estabilizar los costes de distribución.
Estas medidas son especialmente relevantes en un contexto de encarecimiento de materias primas y transporte internacional.
Condiciones laborales y sostenibilidad
El plan introduce también limitaciones en materia laboral: las empresas que reciban ayudas no podrán realizar despidos vinculados a la crisis hasta junio de 2026. Esta medida busca proteger el empleo, aunque puede limitar la flexibilidad empresarial.
Por otro lado, se refuerzan las exigencias en movilidad sostenible, obligando a las empresas a implementar planes en plazos más reducidos.
Un escenario de adaptación obligada
En conjunto, el Real Decreto-ley configura un marco de apoyo, pero también de exigencia. Para las empresas del mueble y la madera, el reto será aprovechar los incentivos disponibles —especialmente en eficiencia energética y fiscalidad— mientras se adaptan a nuevas condiciones regulatorias. La clave estará en la capacidad de anticipación y en la integración de estas medidas dentro de la estrategia empresarial.